Corruptio perennis

El colombiano sabe de corazón y por experiencia que la designación de una comisión de alto nivel por parte del gobierno de turno para abordar un grave problema de la realidad nacional es casi sinónimo de indiferencia, inacción e indecisión.

De hecho, en lugar de solucionar, la comisión, por lo general en nuestro país, permite dilatar soluciones con comunicados de obviedades y promesas vacías, cuando no es un mecanismo para tapar los graves pecados de la administración que dieron origen al problema en primer lugar.

La ‘Mesa técnica de coordinación’ que ha ordenado crear Petro, a raíz de la corrupción en la compra de 40 carrotanques para el transporte de agua potable en la Guajira, como supuesta mágica solución de emergencia al endémico problema del suministro de agua en esa región, muestra que no existe ningún compromiso de la administración para resolver ese caso de corrupción o evitar cualquier otro.

De hecho, con malicia, uno concluye que es el tipo de medida que sugiere que nada cambiará en relación con la corrupción en este gobierno, en el cual la misma seguirá siendo una institución: “corruptio perennis”, corrupción permanente, perdurable, imperecedera.

La primera señal deriva de la oportunidad. Si la ‘Mesa técnica de coordinación’ reflejara un verdadero compromiso de exponer este terrible caso de corrupción, pues la habrían puesto en marcha de manera inmediata, una vez la prensa, que no el Gobierno, detectó el tumbado.

Este caso tiene relevancia porque las evidencias de su grosera y perversa corruptela saltan a la vista: vehículos inadecuados, con un sobrecosto del 43 %, comprados a las volandas y sin invitación pública a cotizar, pagados en efectivo al proveedor y que, para el colmo de los males, yacen expuestos al sol y los elementos, sin prestar servicio alguno por falta de agua para llevar y conductores, y por no poder lidiar con los caminos de herradura de la región.

Hacen parte de un programa del presidente de la república llamado ‘Ruta del agua’, en el cual esperaban adquirir doscientas unidades. ¡Hágame el favor! Una muestra más de la superficialidad con la que se avocan los problemas, bajo la premisa simplista de que estos existen porque no se han querido solucionar.

El presidente mismo sentó las bases del robo cuando, además, entregó a una entidad incompetente la responsabilidad de manejar el programa.

Desde el encargo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de la tarea, subyacía la mentira y la manipulación. Claramente, el problema que se deseaba solucionar no respondía a una emergencia o desastre acorde a la misión de ese esperpento de corrupción que es la UNGRD. No se requerían las capacidades de contratación directa y a dedo de la que se privilegia esta escabrosa entidad, antro de corrupción desde su creación, precisamente por estar enfocada en brincarse todas las normas de control de la contratación pública con la pírrica y deshonesta excusa de que sirve, supuestamente, para enfrentar urgencias derivadas de una súbita catástrofe cualquiera.

Claro que la corruptela endémica del departamento y los municipios de La Guajira es una catástrofe, pero para nada es súbita e impredecible. Al contrario, es uno de los fenómenos más predecibles de la realidad colombiana.

Por ello, asignar la misión a la Unidad, falseando sus competencias, fue, de entrada, un hecho notorio de corrupción directamente imputable al presidente. Fue él quien inició el ciclo de mentiras hoy desbordado en cuanto a los fines reales de toda esa corruptela.

El serrucho perenne era, además, multipropósito. No solo alimentaba a los responsables de la entidad, a aliados políticos en La Guajira, sino que hoy se presume, con visos de ‘verdad absoluta’, que nutrió la compra de votos y figuras en el congreso para aprobar las nefastas reformas del Gobierno. Y esa certeza ha derivado, precisamente, de la reacción de Casa de Nariño, que ha comenzado a cortar cabezas con base en meras insinuaciones del operador del tinglado.

Volvamos a la falta de compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción. No es con comisiones de alto nivel ni secretarios de transparencia que se combate este fenómeno. Ni ahora ni antes, esas iniciativas han cambiado nada.

Se debe primeramente acabar con la contratación directa, vuelta regla en este y anteriores gobiernos. Se deben terminar los convenios interadministrativos con entidades públicas, universidades y entidades sin ánimo de lucro. Una ruta descarada, utilizada en el nivel central y territorial, para brincarse las normas de contratación pública. Se debe obligar a todo tipo de entidades públicas descentralizadas, del nivel central y territorial, a reflejar sus adquisiciones y contrataciones en SECOP 2 para darles visibilidad y control en tiempo real. Se deben ampliar los convenios de compra especializados en Colombia Compra Eficiente. Se debe, de una vez por todas, limitar severamente, a no más del 5 % de la nómina de una entidad, las nóminas paralelas de supernumerarios, otra de las descaradas rutas de consolidación del poder corrupto y de perversión de los ciclos electorales.

Acciones concretas para reducir la corrupción, por lo menos a sus justas proporciones, sean cuales sean estas, hay muchas que, como las anteriores, producen efectos de inmediato. Pero, para ello, se requiere del propósito de acabar la corrupción, que claramente no existe en este Gobierno.